Lucha estado vs tiendas de oro

Los negocios de compra y venta de oro han venido siendo examinados con escrúpulo por parte de Hacienda en los últimos años. Desde hace dos años, la gran eclosión que estos negocios tuvieron ha ido poco a poco menguando. Los primeros años de la crisis fueron mucho más propicios para este tipo de comercios. Además, las trabas y los escrutinios de la Administración han ido en ascenso, por lo que la presión sobre los “compro oro” cada vez es mayor; la idea de apostar por una empresa de este tipo empieza a no ser tan atractiva como hace siete u ocho años.

Por ejemplo, mediante una beligerante campaña, la Consejería de Hacienda de la comunidad Valenciana inició en 2014 el reclamo del pago del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales a los negocios de compra y venta de oro, siendo los años que van desde 2011 a 2014 la franja que motivaba la iniciativa.

Esta cruzada venía además justificada por el hecho de que este impuesto no había sido abonado por prácticamente ninguno de los negocios que se dedicaban a la tarea empresarial de vender y comprar oro. Las inspecciones entonces consistieron en la revisión del llamado Libro de Policía de cada comercio, un registro en el que tenían que estar anotadas y fotografiadas cada una de las joyas y de los enseres adquiridos; de esta forma, la Policía sólo tenía que cerciorarse de que cada una de estas operaciones se producía bajo el marco legal.

Sin embargo, la realidad es que este impuesto no se abonaba nunca. Los empresarios alegaban que no lo hacían porque no estaban obligados, amparándose además en una sentencia del Tribunal Supremo de 1996. Otra de las justificaciones para eximir el pago era el factor burocrático, pues la ley ordenaba completar una declaración y un ingreso por cada objeto que obtuviesen a manos de un vendedor particular; este engorro desbordaba la capacidad de unos comercios que en ocasiones eran más que pequeños y que contaban con el saber hacer de un único empleado poco especializado en la parcela legal.